Siempre se ha dicho que rectificar es de sabios y, por fortuna, esta semana hemos podido comprobar cómo en ocasiones impera el sentido común, que evita que se cometan verdaderas atrocidades.

Esta es la imagen recogida en un restaurante de Brujas (Bélgica), donde en un posavasos amablemente nos dieron la contraseña para usar el wifi gratuito del local.

Hace cerca de siete años, la sociedad española empezó a darse cuenta de la importancia que para este país tenía la inmigración. Hasta aquel entonces, las administraciones públicas habían tocado este asunto de forma aún superficial. Recuerdo, por ejemplo, que en el seno del Gobierno de la Comunidad de Madrid, esta materia era gestionada por una Dirección General, y algo parecido ocurría en el resto de regiones y de ayuntamientos.

"No tenéis derecho a recurrir a la violencia, porque tenéis la razón y el futuro”

Hace unos días veía el siguiente grupo en Facebook: “En España, al acabar la carrera, hay tres salidas: por tierra, mar y aire”.

Pusilánime: dícese de aquella persona falta de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes. Me van ustedes a perdonar, pero no pienso aceptar que nadie pueda tacharme de cobardía, que al final es lo que demuestran esas pequeñas mentes vacías, dispuestas a permanecer impasibles ante las injusticias y ciegas ante lo intolerable, como son los recortes de las ayudas sociales a los inmigrantes emprendidas por algunos políticos.

Poco menos de seis meses han hecho falta para desenmascarar a Artur Manostijeras y a sus secuaces, que ven al inmigrante como al enemigo a batir, que parece que esto da votos, y si no, que se lo digan a Xavier García Albiol en Badalona o a la Plataforma per Catalunya de Josep Anglada.

Le volví a ver hace un par de días y estaba a la tarea, limpiando los zapatos de otro desconocido con el que charlaba tímido pero animado. Me quedé observándole unos minutos y sonreí, era otro gran personaje anónimo, pero no para mi. “Le quedan más de dos años como esto no mejore”, pensé.

Entre las informaciones sobre la crisis de los pepinos, la resaca de las elecciones del 22 M o la evolución de las protestas del 15 M se coló en las noticias de TVE el auto de procesamiento a 20 militares salvadoreños por el asesinato en 1989 de cinco jesuitas españoles, otro salvadoreño y dos mujeres. Parecía una gran noticia pues el pseudo juicio que se hizo en su día fue totalmente parcial, tal y como ha reconocido ahora el juez Eloy Velasco en su auto, y en él sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussi Mendoza a los que, además, se les absolvió en 1993 tras la aprobación de la Ley de Amnistía. No obstante, los partidos de derecha del país, en la línea ideológica de los procesados, se han apresurado en aprobar un decreto con el que se imposibilita prácticamente que la citada Ley de Amnistía sea declarada inconstitucional y, por tanto, se pueda extraditar a los militares. Lo más grave, además, es que Mauricio Funes, presidente del país y que ganó las elecciones bajo las siglas del izquierdista FMLN, aunque que nunca ha formado parte de sus filas (algo que merece un juicio aparte), firmó la ley el mismo día sin dar opción al debate y todo ello pese a que su propio partido ha declarado que esta resolución es "un atentado a la democracia". El texto en cuestión establece que para que una ley o decreto sea declarado incostitucional deben de votar a favor los cinco miembros del Tribunal constitucional y no una mayoría de tres como hasta ahora y como se establece en el resto de países. España, sin ir más lejos.
Afortunadamente, parte de la ciudadanía no se ha dejado atropellar y ya se están realizando manifestaciones y concentraciones en diferentes puntos del país reclamando una democracia real pues aquí sí ha habido un ataque claro y directo al sistema constitucional y a la separación de poderes. Obvia decir que con sólo "convencer" a uno de los jueces se paraliza cualquier intento de declarar nula una ley que viole los principios constitucionales y que se haya aprobado en el parlamento por unos u otros intereses. Ahora, por ejemplo, por evitar que ciertas personas afines a ciertos partidos puedan ser procesadas en otro país, lo que, además dejaría en evidencia el sistema judicial de El Salvador, al menos, el que existía en los años inmediatamente posteriores a la guerra que asoló el país desde 1980 a 1992.
Muchas injusticias y atrocidades se cometieron en aquellos duros tiempos, sobre todo, por parte del ejército apoyado por EEUU tal y como establece la Comisión de la Verdad, y ahora, casi 20 años después, todavía son muchas las personas afanadas en evitar que nunca se conozca la verdad porque sobre sus cabezas, o sobre la de sus partidarios, recaerían gran parte de ellas. Ahora, más que nunca, hay que exigir una democracia real no sólo en España sino en El Salvador y en cualquier otro país donde haya evidencias de su incumplimiento.