Murcia, Madrid y Barcelona, a la cabeza del paro inmigrante

2008-11-20

La provincia no sólo colidera, junto a Madrid y Barcelona, el número total demandantes de empleo parados de origen extranjero. Según el dato de empleo real que gustan usar a los agentes sociales, el de afiliaciones a la Seguridad Social, Alicante ha perdido en el último año contabilizado un total de 7.564 cotizaciones, la mayor caída de España.

Alicante acumula mayor aumento del desempleo de extranjeros en desde octubre del año 2007 que toda la comunidad canaria, tradicionalmente receptora de mano de obra inmigrante. También supera a Murcia y a Madrid y Barcelona. En estos dos últimos casos, además, hay crecimiento de altas a la Seguridad Social de extranjeros, según recoge el diario La Verdad.

Los datos divulgados ayer por el Ministerio de Trabajo merecieron la reflexión del sindicato CC OO. Su responsable de Comunicación, Salvador Roig, alerta de que el empleo inmigrante sigue perdiendo peso en el conjunto del mercado laboral alicantino y de la Tesorería de la Seguridad Social.

El número total de afiliaciones de extranjeros en la provincia se eleva a 88.404 en octubre, lo que supone una disminución de afiliaciones respecto al mes de septiembre de 2.141. La mayor bajada se produce en el régimen general con 2635 bajas. Sólo presenta un balance positivo el régimen especial agrario con 752 nuevas altas con respecto al mes anterior y un total de 9.406 afiliados. La evolución por sectores de actividad durante los últimos doce meses es similar.

CC OO destaca que el dato comparativo interanual registra una «bajada histórica» con 7.564 afiliaciones menos(-7,88%) respecto al mes de octubre del año 2007 en el que estaban de alta 95.968 trabajadores. Alicante registra, seguida por Castellón, el peor dato del empleo inmigrante de España. «Los datos reflejan la dura realidad de nuestro mercado de trabajo con la continua expulsión del mismo de miles de trabajadores, independientemente de su procedencia», explica Roig. Manifiesta «serias dudas» sobre el plan de retorno voluntario aprobado por el Gobierno de España «habida cuenta de la situación de crisis en todo el mundo, el arraigo en la provincia de este colectivo de trabajadores y lo poco atractivo del mismo».