Sin acceso a los papeles a las empleadas de hogar en el régimen discontínuo‏

Desde hace un par semanas, y a pesar de que no ha habido modificación de la ley al respecto, la Delegación del Gobierno en Madrid aplica una nueva instrucción: denegar el Arraigo Social (única vía para acceder a la regularidad después de 3 años en situación irregular) cuando se presentan varios contratos en servicio doméstico.

Desde que entró en vigor el arraigo social en el año 2005, se contempló la situación en la que se encuentran muchas empleadas de hogar, que trabajan en distintas casas por horas, posibilitando su regularización mediante la presentación de los contratos de trabajo de las diferentes casas que las empleaban.

La denegación de dichas autorizaciones de residencia por arraigo social conlleva el que un alto número de personas que ejercen su actividad laboral como empleadas de hogar en el régimen discontinuo queden abocadas a la irregularidad. El sector del servicio doméstico seguirá siendo de esta forma uno de los menos regulados y garantistas hacia las trabajadoras.

Dicho cambio llega sin que haya habido cambio legal alguno, creando una gran inseguridad jurídica, y más teniendo en cuenta que la última hoja informativa del arraigo social, emitida por la propia Delegación del Gobierno, recoge dicha situación laboral para acceder a la autorización de residencia.

Estamos, por lo tanto, ante un claro caso de arbitrariedad e inseguridad jurídica. Una vez más podemos comprobar que la práctica administrativa genera constantes obstáculos hacía los ciudadanos extranjeros.