Si dejásemos de lado las descalificaciones y las acusaciones cruzadas que desde hace años se intercambian PSOE y PP en materia de inmigración, y nos fijásemos únicamente en las declaraciones vertidas en los últimos días, podría parecer que Gobierno y oposición comparten opiniones bastante cercanas sobre el tema.

BEATRIZ GURDIEL

Después de que el madrileño Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (PP), tras conocer un informe de la Abogacía del Estado, se viera obligado a retirar las normas de empadronamiento vigentes desde octubre de 2008 –que impedían registrarse a inmigrantes con visa de turismo y a quienes quisieran vivir en una vivienda con un espacio inferior a 20 metros cuadrados por persona–, el Gobierno estaría barajando la posibilidad de establecer un baremo de “habitabilidad”, en función del cual los ayuntamientos podrán denegar el empadronamiento en domicilios que rebasen un determinado número de habitantes por metro cuadrado.

Lo recomendable sería, según, la portavoz de Inmigración del PSOE en el Congreso, Esperança Esteve, establecer un límite de entre 10 y 15 metros. La iniciativa, pese a que ha sido bien recibida por PP, CiU y PNV, ha desconcertado al alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, que señaló esta semana que “no entiende cómo el Ejecutivo les ha obligado a retirar unos requisitos de empadronamiento que ahora pretende convertir en norma para todos los municipios”.

El portavoz de Inmigración del PP en el Congreso, Rafael Hernando, coincide con Rollán y califi có de “chocante” que el Gobierno adopte la medida “después de dos semanas sosteniendo que no había que modifi car la ley”. Por ahora, sólo IU se ha mostrado en contra de la medida que prepara el Gobierno. “Estoy estupefacto. Primero, el PSOE rechaza la campaña del PP en Torrejón y ahora anuncia una restricción a la Ley de Extranjería; es decir, le da la razón al PP.

Es una muestra de la desorientación general del PSOE”, dijo su coordinador, Gaspar Llamazares. El objetivo que persigue el Gobierno con esta medida es el mismo expresado por Rollán: impedir el hacinamiento o los llamados ‘pisos patera’, que en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona se han multiplicado con la crisis. También esta semana, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, anunció que el Reglamento de la Ley de Extranjería, que acaba de empezar a gestarse y deberá estar listo antes del verano, establecerá los requisitos (también en cuanto al mínimo de metros) que ha de tener una vivienda para que el inmigrante pueda acceder a la reagrupación de sus familiares. En caso de no cumplirlos, se le denegará la solicitud.