Tras dos semanas de tira y afl oja, el desafío planteado por el Ayuntamiento de Vic, que pretendía impedir el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular, ha sido derrotado por el sentido común.

ELENA PRIETO LANDALUCE

Al fi nal, el equipo de gobierno de esta localidad catalana, regido por los nacionalistas catalanes de CiU y ERC y por los socialistas, ha tenido que dar marcha atrás ante el clamor popular y político, que desaprobaba una medida con un informe de la Abogacía del Estado en la mano. Este órgano, consultado por el Gobierno de España, aseguró que “no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no resida legalmente en España”. Este veredicto sirvió para disipar las dudas desatadas por la decisión del Ayuntamiento de Vic. Para llegar a esta conclusión, la Abogacía del Estado considera que la normativa vigente en materia del padrón municipal está constituida no tanto por la legislación sobre extranjería como por la de régimen local, que ordena la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

En concreto, explica que las dos leyes citadas vinculan la obligación de inscribirse en el padrón municipal “al hecho de vivir en España y residir habitualmente en un determinado municipio”, ya que los datos del padrón son “prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo”. Por ello, “debe entenderse y considerarse como válido y sufi ciente un pasaporte, aunque no cuente con el preceptivo visado”, para tramitar las solicitudes de los extranjeros de inscripción en el padrón de cualquier municipio. Tras conocer este informe, el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, aseguró que “acata, aunque no comparte”, el dictamen de la Abogacía del Estado, y reiteró que “continuará trabajando como hasta ahora por la cohesión social y la integración de los inmigrantes”. Además, exigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero más recursos para los municipios que tienen un elevado porcentaje de inmigrantes. Interviene Zapatero El propio presidente del Gobierno había tenido que salir a la palestra para tratar de poner en su sitio al Ayuntamiento de Vic. Zapatero había dicho durante la semana que no iba “a consentir que se menoscaben los derechos inalienables de ninguna persona; que por un truco de un consistorio haya familias que se queden sin asistencia sanitaria o sin que sus hijos puedan acudir a la escuela”.

La única opinión contraria a acatar la decisión de la Abogacía del Estado la mostró el partido de la oposición vicense, la ultraderechista Plataforma per Catalunya, presidida por Josep Anglada, quien instó al alcalde a mantener la normativa “teniendo en cuenta que el informe del Ministerio no tiene un carácter vinculante”. El municipio catalán, gobernado por CiU, ERC y PSC, había propuesto a finales de año una normativa que planteaba negar el padrón a los inmigrantes que no presentasen un pasaporte acompañado del visado que ratifi case su residencia legal en España, amparándose en la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el pasado 12 de diciembre. Esta decisión municipal, lejos de pasar inadvertida, abrió un debate político y social a nivel nacional, autonómico y local. Ante el aluvión de críticas recibidas, el equipo de gobierno municipal decidió pedir una opinión jurídica externa al bufete de abogados Roca i Junyent, que declaró que los nuevos criterios de empadronamiento propuestos “no pueden ser tildados de ninguna de las maneras como incorrectos o contrarios a la Ley”.

El Ayuntamiento de Vic remitió entonces una instancia al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que pedía por escrito los criterios exigidos para el empadronamiento de los ciudadanos no comunitarios y que, días más tarde, la Abogacía del Estado tachaba de improcedente. Políticos, asociaciones, sindicatos y juristas habían declarado desde un principio la ilegalidad de la medida y habían mostrado su preocupación ante las repercusiones que llevarla a cabo podía suponer para los derechos fundamentales de los ‘sin papeles’. Habría sido un retroceso Carme Roquer, presidenta de la organización local Veus Diverses, explicaba “que la aplicación de la medida supondría un retroceso en las políticas de integración que hemos desarrollado en los últimos años”, un trabajo que han realizado conjuntamente con el Ayuntamiento y otras asociaciones locales. “Si bien el Ayuntamiento ha ofrecido diálogo en otras decisiones, en esta ocasión no lo han hecho desde un principio. Ésta fue nuestra queja”, explicaba Roquer. Días antes de conocerse la conclusión del Gobierno y del Ayuntamiento, en Vic se respiraba un ambiente de confi anza en que la normativa nunca viese la luz. “Estamos convencidos de que no se va a aplicar”, aseguraba con confi anza Roquer